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La próxima «epidemia» que se avecina en Asturias: la pobreza energética

En Asturias casi 33.000 familias son beneficiarias del bono social térmico, aunque la estimación es que más de 100.000 podrían tener derecho a esta ayuda destinada a hogares vulnerables

03 oct 2021

Cuando la pandemia de la Covid-19 parece estar más o menos controlada, otra se cierne sobre una parte importante de la población asturiana: la pobreza energética que pueden acusar con la llegada del frío cientos y cientos de familias como consecuencia de la desbocada subida del precio de la luz y también del gas. La alerta se extrapola de los datos que recoge el informe AROPE (indicador de riesgo de pobreza y/o exclusión social), que recoge que en 2019 en la región había un 24,6% de población en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Esos datos corresponden al año anterior a la crisis sanitaria del coronavirus y a la crisis económica y social derivada de la pandemia, por lo que la estimación es que tras la pandemia de la Covid-19 y con la escalada del coste de la electricidad las familias asturianas en situación de vulnerabilidad puedan aumentar.

Dacio Alonso, presidente de la Unión de Consumidores de Asturias, manifiesta que la época de pandemia ha aumentado los problemas en la economía de las familias y que el incremento del precio de las facturas de electricidad y gas «volverá a golpear a las familias más desfavorecidas» de la región. El mismo hace referencia al informe AROPE para destacar como dato relevante «que 240.000 familias, es decir, una de cada cuatro familias de Asturias, tienen dificultades para llegar a fin de mes» y por ello considera acertado que el Gobierno estatal haya actuado con un Decreto Ley para tratar de equilibrar en las facturas el coste de la electricidad tras un incremento por parte de las eléctricas que califica de «escandaloso», ya que explica «les cuesta producir la electricidad 20 euros y cobran el megavatio-hora a cerca de 200 euros o más». Así, confía Dacio Alonso en que las medidas de la administración central supongan que la escalada del precio de la luz no afecte a los consumidores.

Sin embargo, el presidente de UCE Asturias considera «de vergüenza» que mientras en Asturias sigue subiendo año a año el porcentaje de población que está en riesgo de pobreza y/o exclusión social se estén devolviendo dinero del destinado al bono social térmico por falta de difusión de la ayuda y las trabas burocráticas para solicitarlo. Según dice, «en Asturias se benefician del bono social térmico unas 33.000 familias», pero sus cálculos apuntan a que «más de 100.000 tendrían derecho a ese bono», por lo que critica que «nadie se encarga de difundir eso y que un gran número de familias vulnerables tengan derecho y no se facilite información».

«A las eléctricas no les interesa publicitarlo y hay mucha gente que no sabe que tiene ese derecho porque no hay campañas de difusión. Mientras se está devolviendo ese dinero que está presupuestado», lamenta Alonso, que también cuestiona la burocracia que establecen las administraciones para poder solicitar el bono social térmico. «A la gente le piden un montón de papeleo y todo los datos los tiene la administración en la Agencia Tributaria y en la Seguridad Social», advierte el presidente de UCE Asturias, que entiende que esa burocracia «es disuasoria para solicitar ese derecho». Así, manifiesta que «la asignatura pendiente es que el bono social térmico se conceda automáticamente cruzando datos la Agencia Tributaria y la Seguridad Social y que no se tenga que solicitar». La única justificación que encuentra para que no sea así es que «no se hace para no perjudicar a las eléctricas» porque, reitera, «más de 70.000 familias que tienen derecho a ese bono social térmico han perdido esa bonificación, que el del 25% para las familias vulnerables y del 40% para las que están en una situación de vulnerabilidad severa, en un momento en que se ha disparado la factura de eléctrica».

Aumento de la ayuda por parte de Cruz Roja

El aumento de la pobreza energética en este último año también se percibe desde Cruz Roja de Asturias, entidad que cuenta con acciones específicas de ayuda para las familias que se encuentran en esa situación. Carmen Vallina, técnica del Programa Extrema Vulnerabilidad, concreta que desde las diferentes oficinas locales de Cruz Roja en Asturias se atendieron, dentro del proyecto de pobreza energética, a 344 familias en 2020 mientras que la estimación es que cuando concluya este año 2021 se habrán atendido a un total de 389 familias, es decir, a 45 familias más, lo que supone un incremento del 13%.

Carmen Vallina comenta que la situación de vulnerabilidad que están viviendo miles de familias en Asturias es la conjugación de la crisis económica que ha generado la pandemia de la Covid-19, del elevado coste del precio de la electricidad, de la baja eficiencia energética de las viviendas y que los ingresos de esas familias son bajos. Es por ello, que Cruz Roja tiene una línea de ayuda específica centrada en la eficiencia energética que, además de apoyar el pago de las facturas, lleva a cabo otras actuaciones paralelas y complementarias tanto para las familias que demandan ese apoyo como para las que ya reciben otro tipo de ayuda y la institución conoce que pueden requerir esa ayuda. «Nosotros estamos en contacto estrecho con las familias, conocemos las dificultades que pueden tener y también les ofrecemos ayuda para hacer frente a las facturas energéticas», comenta la técnica del Programa Extrema Vulnerabilidad, que precisa que no se trata sólo de ayuda económica sino que les ofrecen también asesoramiento sobre el servicio energético contratado para tratar de reducir la factura y recomendaciones de buenas prácticas para que con pequeños gestos puedan disminuir el consumo y, por tanto, el importe a pagar.

Es más, desde Cruz Roja de Asturias se entrega a las familias un kit de microeficiencia energética que ayude a las familias a pagar menos en cada factura. Un kit que incluye diferentes bombillas led, regletas de base de 5 tomas, temporizadores analógicos, burletes para las ventanas, paneles para proyectar hacia el interior el calor de los radiadores, perlizadores para los grifos e, incluso, una manta grande para el invierno. «El kit lo hemos mejorado mucho pero, además de entregarlo, hacemos un seguimiento a las familias y les planteamos actuaciones y rehabilitaciones que mejorarían la eficiencia energética de la vivienda», traslada Carmen Vallina.

Rafael Palacio, diputado de Podemos Asturies, también llama la atención sobre como la crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia ha traído consigo un importante aumento de los niveles de pobreza y el riesgo de exclusión social en la región. «Todos los indicadores muestran que los brutales incrementos del precio de la electricidad y el gas inciden más todavía en esta situación», señala Palacios, que cifra en «casi el 40% de las familias asturianas» las que tienen «serios problemas para llegar a final de mes». Así, el mismo apostilla que «cada vez hay más personas con graves dificultades para poder mantener una alimentación adecuada».

 Además, el diputado de Podemos Asturies destaca que «atravesamos una situación de emergencia habitacional sistémica», siendo la vivienda uno de los principales factores de exclusión en Asturies. «Alrededor de 250.000 personas lo sufren. La pobreza energética en nuestra comunidad autónoma lleva a que miles de familias no puedan permitirse mantener su hogar a una temperatura adecuada en invierno y soporten gastos excesivos y deudas relacionadas con el pago de la vivienda y sus suministros», manifiesta Rafael Palacios, que recuerda que en España «soportamos la electricidad más cara de Europa y vemos como las empresas pretenden hacer negocio con la necesidad de la gente».

Ante esto, el representante político señala que «es imprescindible poner freno al robo y a la especulación con medidas contundentes» y plantea como alternativa «la creación de un ente público de producción y comercialización de la energía eléctrica, además de intervenir el precio en el mercado mayorista para adecuar los ingresos y los costes de producción con el objetivo de ajustar los precios a pagar a la capacidad de cada persona consumidora».

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